¡Gravísimo! La Justicia confirmó el escándalo que investigó Juan Amorín sobre Vidal

La ex gobernadora de Buenos Aires María Eugenia Vidal recibió un inesperada mala noticia por parte de la Justicia Nacional Electoral sobre un escándalo del 2017. Cuando recién salía a la luz la denuncia, Vidal intentó esquivar las acusaciones y adjudicarlas a sectores kirchneristas.

Pero esta tarde la Cámara Nacional Electoral (CNE), dependiente del Poder Judicial confirmó, a través de un fallo, que la denuncia originada a través de una investigación periodística de Juan Amorín para El Destape en el 2017, era cierta.

Lo que la Justicia comenzó a investigar en ese entonces fue si el gobierno provincial que comandaba Vidal inscribió a cientos de beneficiarios de subsidios sociales como aportantes a la campaña electoral que la coalición realizó en la provincia de Buenos Aires. La famosa investigación de “Los aportantes truchos”.

El motivo de la investigación fue la aparición de aportantes a la campaña de la que fueron candidatos Esteban Bullrich y Graciela Ocaña que decían desconocer haber puesto dinero para Cambiemos. Muchas personas que eran parte de cooperativas sociales (Argentina Trabaja y Ellas Hacen) figuran como aportantes en efectivo a la campaña electoral del macrismo en Buenos Aires.

Esas personas -llegaron a detectarse a miles- figuraban como afiliados al PRO que habían realizado aportes millonarios mediante pequeñas donaciones de entre $ 350 y $ 1.500.

¿Qué pasó hoy?

La Cámara Nacional Electoral confirmó la resolución del juez federal Alejo Ramos Padilla que había desaprobado, el año pasado, los informes finales de recursos y gastos de la campaña electoral que Cambiemos (hoy Juntos por el Cambio) desarrolló en territorio bonaerense para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de 2017, cuando María Eugenia Vidal gobernaba el distrito.

En su fallo, el máximo tribunal electoral confirmó la sentencia del magistrado, que había sido apelada por Juntos por el Cambio y dispuso que se tramiten “las actuaciones pertinentes, a fin de determinar las eventuales responsabilidades personales que pudieran corresponder de acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos 146 y concordantes del Código Electoral Nacional”.

A su vez, la CNE ratificó que se debía “sancionar con la pérdida de aportes públicos extraordinarios para la campaña que hubieran correspondido a los partidos como integrantes de la alianza” y dispuso que se investigara a los eventuales responsables de las “numerosas irregularidades” detectadas.

Al resolver los recursos presentados por la alianza Cambiemos, la Cámara concluyó que “los apelantes no aportan argumentos válidos que permitan enervar las razones en las que el a quo fundó su resolución, luego de llevar adelante las medidas conducentes a fin de investigar las irregularidades detectadas (…) quedando subsistentes los defectos destacados, los que impiden de esta manera conocer el origen y destino de los fondos de campaña”.

La investigación de Amorín tuvo una casi nula repercusión en medios que le eran afines al macrismo, pero a través de las redes y algunos pocos portales como El Destape, desde donde se originó la investigacón, la noticia generó impacto nacional.

Cuando ya no pudo desmentir lo que había ocurrido, Vidal desplazó a la secretaria de Legal y Técnica de su gobierno, María Fernanda Inza, encargada de manejar las cuentas del partido.

Sumado a esto, la CNE objetó que la coalición no haya informado gastos en honorarios de asesores, “como el señor Jaime Durán Barba, quien según fuentes periodísticas (…) cobra entre 300 y 400 mil dólares por campaña”.

La causa “aportantes truchos”

La denominada causa de los “aportantes truchos” fue uno de los más resonantes escándalos políticos durante las gestiones de Macri y Vidal.

Si bien en un primer momento la entonces gobernadora intentó esquivar las acusaciones y adjudicarlas a sectores kirchneristas, luego asumió la gravedad de la denuncia y desplazó por las repercusiones del caso a la entonces secretaria de Legal y Técnica de su gobierno, María Fernanda Inza, quien como tesorera del PRO era la encargada de manejar las cuentas del partido durante la campaña de 2017.

La información fue difundida a partir de una investigación del periodista Juan Amorín y publicada por el sitio El Destape el 18 de junio de 2018, en la que se describen presuntas irregularidades en la financiación de la campaña electoral legislativa de 2017 en la provincia de Buenos Aires. Investigaciones posteriores extendieron la denuncia a la campaña previa a las presidenciales de 2015 y a otras provincias del país.